Querétaro, Qro.- El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), condena enérgicamente los actos de racismo y discriminación contra el niño Juan Pablo, de 14 años y origen otomí, quien fue atacado por sus compañeros en una telesecundaria de Querétaro.
Ante estos hechos llamó a las autoridades de procuración y administración de justicia, para sancionar a las personas menores y adultas involucradas en el acoso y agresiones recurrentes contra el menor.
El niño otomí sufría discriminación y racismo por parte de la maestra y alumnos de la telesecundaria ‘Josefa Vergara’, por no hablar el español y comunicarse en su lengua materna, el otomí, según denunciaron sus familiares, luego de que el día 21 de junio dos de sus compañeros lo rociaran con alcohol y uno de ellos le prendiera fuego, lo que le provocó severas quemaduras.
El INPI consideró urgente que se adopten medidas en las escuelas públicas y privadas del país, para evitar que se sigan presentando casos de discriminación y racismo contra las niñas, niños y adolescentes indígenas.
Consideró que el acoso, también llamado bullying, que han sufrido históricamente las y los menores indígenas en México, ha sido producto de los planes y programas educativos carentes de una visión pluriétnica y multicultural, instrumentados en el periodo neoliberal.
“Fue un intento de homicidio”, dice el padre del niño
El padre de Juan Pablo reveló al diario El País que su hijo ya no quería ir a la escuela desde febrero y nunca dijo los motivos. Hace tres semanas, dos compañeros lo sentaron en una silla que habían rociado con alcohol, cuando se levantó, uno le prendió fuego con un encendedor, provocándole quemaduras de segundo y tercer grado, que requirieron cuatro cirugías y lo dejaron sin poder caminar.
El motivo de la agresión y las burlas: ser indígena otomí y no hablar bien español”.
Su padre, Juan Zamorano, dice que, “fue un intento de homicidio”.
Agregando con tristeza, “a lo mejor, los otros niños pensaron que el daño sería leve, pero mi hijo va a llevar estas cicatrices por dentro el resto de su vida”.
“Estamos en shock”,
Tras el ataque, los padres están convencidos de que la profesora participaba o, al menos, instigaba los abusos. Los niños que prendieron fuego a Juan habían tirado una lata de leche condensada al suelo del aula y le pidieron a la maestra alcohol para limpiarla.
El representante legal de la familia, Fabián García, dice que dos semanas antes del incidente se levantó un reporte disciplinario contra uno de los dos niños acusados de ser los responsables por llevar alcohol y un encendedor a clase
“Lo primero que tuvo que haber hecho la maestra era llamar al 911 y después avisar a los padres, según los protocolos”, reclama García.
Después del ataque, los padres de Juan Pablo, las familias de los otros niños y la maestra se reunieron. La profesora dijo que los padres de los muchachos agresores se comprometían a asumir los gastos médicos a cambio de que el asunto se resolviera de forma discreta. “No pongan una demanda porque si lo hacen no cuentan con nosotros, no les vamos a ayudar”, recuerda el padre que le dijo la docente. “No estuvimos de acuerdo”.
El bufete que asesora la familia ha presentado tres demandas: una contra los muchachos que lo agredieron y dos contra la maestra. La profesora está denunciada ante la Fiscalía de servidores públicos, donde se reclama una indemnización por un daño patrimonial al ser representante del Estado. También se inició una investigación en el Órgano Interno de Control de la autoridad educativa, que determinó la suspensión indefinida de la docente, según un comunicado publicado el viernes. Los adolescentes han sido vinculados a proceso por el delito de lesiones dolosas, pero tienen apenas 13 años y no están sujetos a ningún castigo penal: son demasiado jóvenes incluso para un centro de menores.
Derechos de los pueblos indígenas
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre de 2007, señala en su artículo dos que los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas.
El texto suscrito por nuestro país, en el artículo 7 estipula que las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de su persona.
«Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños…»
En tanto el artículo 8 establece que los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura.
Del mismo modo, que los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que tenga por objeto o consecuencia, privarlos de su integridad como pueblos distintos, de sus valores culturales o su identidad étnica.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes indígenas
La Convención sobre los Derechos del Niño declarada en junio de 2006 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF – por sus siglas en inglés), establece que las niñas, niños y jóvenes indígenas del mundo deben vivir largas vidas, sin pobreza ni discriminación.
El documento adoptado por México aborda temas en materia de atención médica pertinente y viviendas adecuadas con servicios generales, además de que establece el derecho de la infancia y juventud indígena a recibir educación básica y de nivel superior, así como poder acudir a la escuela si así lo desean.
Del mismo modo, señala que el estado debe proporcionar a las y los niños, adolescentes y jóvenes indígenas, la plena protección de la ley y fomentar que sientan orgullo de sus orígenes, identidad y lengua materna.
Ante los hechos ocurridos contra el niño Juan Pablo, el INPI reiteró su llamado a la justicia y pidió a las autoridades educativas del estado de Querétaro, tomar acciones urgentes conjuntamente con el sector salud para garantizar atención médica al menor y su familia, física y psicológica, por las quemaduras que sufrió durante el cobarde atentado contra su integridad y su vida misma.