Chihuahua, Chih.- Esta mañana, acompañada vecinos de Monte Xenit, Romanza, Sierra Azul, El Porvenir, Privadas del Sur y de la regidora Elena Rojo, la diputada Brenda Ríos acudió a la Fiscalía Anticorrupción para ampliar la denuncia contra el cartel inmobiliario de Chihuahua y señaló directamente al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, como responsable de otorgar los permisos a constructoras que entregaron fraccionamientos con fallas estructurales y que tras las recientes lluvias comenzaron a colapsar, “porque esta lucha no es individual, es colectiva”.
“Esto no se trata de lluvias, se trata de corrupción, omisiones y complicidades. Se otorgaron permisos sin supervisión técnica. Se construyó sin licencia. Y cuando todo colapsa, lo único que ofrecen son excusas. No vamos a soltar este caso. Vamos a llegar hasta el fondo. Porque mientras haya una familia desplazada por la corrupción, vamos a seguir exigiendo justicia”.
La nueva denuncia es una ampliación a la interpuesta en noviembre de 2024 en contra de funcionarios públicos y desarrolladores vinculados al cartel inmobiliario que opera en Chihuahua.
La diputada chihuahuense también criticó que la atención institucional se ha concentrado únicamente en Monte Xenit, mientras otras colonias con daños similares no han recibido apoyo alguno, “la justicia no puede depender del código postal. Exigimos justicia para todas las familias afectadas por el cártel inmobiliario”.
La regidora Elena Rojo exigió que se investigue a fondo la cadena de omisiones y complicidades que han puesto en riesgo la vida y el patrimonio de cientos de familias.
Ríos volvió a mencionar que desde el Congreso del Estado se han presentado múltiples alertas sobre los riesgos estructurales de estos desarrollos, sin que las autoridades municipales actuaran de forma oportuna, “esto no es una consecuencia de las lluvias, es el resultado de años de negligencia institucional, corrupción y crecimiento urbano desordenado”..
Recientemente 32 familias de Monte Xenit fueron desalojadas en 72 horas. 10 meses después de que colapsara una barda construida sin licencia.
La diputada también denunció que la respuesta del gobierno municipal ha sido insuficiente y evasiva y que el alcalde Marco Bonilla minimiza la gravedad del problema, culpa a subordinados pues reconoció públicamente que se otorgaron permisos sin supervisión técnica adecuada, “cuando un alcalde reconoce que hubo omisiones y no actúa en consecuencia, no hablamos solo de irresponsabilidad: hablamos de complicidad”.
La ampliación de la denuncia contempla más acciones, en grupo, en el Congreso, en organismos de derechos humanos y, si es necesario, en instancias internacionales como ONU-Hábitat, “no vamos a soltar este caso. Vamos a ir hasta el fondo, porque la política debe estar al servicio de quienes más sufren”.
