Chihuahua, Chih.- La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo este domingo 5 de abril, la vinculación a proceso de Cristina Isabel M. L., Martín De Jesús H. C. y Azucena R. G por el delito de fraude agravado., mientras que otra fue liberada.
Las tres personas fueron detenidas flagrancia por el delito de desobediencia y resistencia de particulares tras llevarse a cabo el seguimiento a una investigación en torno a una serie de denuncias sobre fraudes cometidos a personas adultas mayores, mediante supuestos trámites de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Los agentes ministeriales acudieron al domicilio ubicado sobre la calle 11, número 4400, esquina con Ponce de León, de la colonia Pablo Amaya, con la finalidad de recabar datos e individualización de probables imputados.
Sin embargo, al intentar iniciar el diálogo con supuestos empleados que llegaban al lugar, empezaron a tener comportamiento intransigente y agresivo y se negaban a identificarse.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo este domingo 5 de abril, la vinculación a proceso de Cristina Isabel M. L., y Martín De Jesús H. C., por el delito de fraude agravado, mientras que la tercera persona que fue detenida fue liberada bajo reservas de ley.
La investigación ministerial señala que desde octubre de 2025 hasta los primeros meses de 2026, Cristina Isabel M. L., y Martín De Jesús H. C., ofrecieron incrementar las pensiones de jubilación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de Facebook y de voz en voz, mediante una empresa denominada ‘Consultoría Legal’.
Las víctimas acudieron a la oficina que instaló la supuesta empresa, sobre la avenida Zarco, en la colonia Salud, en donde fueron atendidas por ‘asesores’, quienes describían cuál era el trámite a seguir y la cantidad de dinero que debían pagar, que generalmente se trataba de 9 mil 200 pesos.
Lo anterior, bajo la promesa de que a los tres meses recibirían un retroactivo en el aumento de su pensión, pero al no ocurrir los afectados decidieron poner la denuncia.
En la audiencia de vinculación a proceso, el Juez impuso a los imputados la prisión preventiva, y concedió un plazo de cuatro meses como plazo para la investigación complementaria.
La carpeta se integró, por el momento, con 22 víctimas que han ratificado su denuncia, por un detrimento global de 426 mil 650 pesos, a través de la empresa Consultoría Legal.