El Estado mexicano falló en su obligación de garantizar la protección para el defensor Julián Carrillo: Amnistía Internacional

 

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Chihuahua, Chih.- Ayer, jueves 24 de enero en el Paraninfo Universitario de la UACH, distintas organizaciones de la sociedad civil, activistas, integrantes de comunidades indígenas y ciudadanía atestiguaron la presentación del informe de Amnistía Internacional: “Entre balas y olvido: Ausencia de protección a personas defensoras del territorio en la Sierra Tarahumara”, que muestra la situación de impunidad y violencia en la comunidad de Coloradas de la Virgen en el Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, en donde han sido asesinados varios defensores Rarámuri de la tierra y territorios, entre ellos Julián Carrillo.
El informe de Amnistía Internacional es tajante al afirmar que: El Estado mexicano falló en su obligación de garantizar la protección efectiva del defensor de derechos humanos y del medio ambiente Julián Carrillo, hoy, a tres meses de su asesinato.
La presentación corrió a cargo de la Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ericka Guevara y la Directora Ejecutiva de la Sección Mexicana de Amnistía Internacional, Tania Renaum Panszi, ambas acompañadas por Gabino Gómez del Centro de Derechos Humanos de las mujeres e Isela González Díaz, de Alianza Sierra Madre.
El 24 de octubre de 2018, hombres armados entraron a la comunidad de Coloradas de la Virgen, en Chihuahua y asesinaron al líder Indígena Rarámuri Julián Carrillo, quien anteriormente ya había sido víctima de amenazas y hostigamiento en relación a su defensa del territorio ancestral en la Sierra Tarahumara, y, a tres meses de su asesinato, las autoridades mexicanas aún no han identificado a los responsables para llevarlos ante la justicia.
Al menos otros cinco otros miembros de su familia han sido asesinados en los últimos años.
La Directora para las Américas de Amnistía Internacional, comentó que, “Las personas Indígenas Rarámuri de la comunidad de Coloradas de la Virgen han enfrentado por años una serie de ataques y amenazas debido a su labor en defensa de derechos humanos y de su territorio ancestral”.
A pesar de que Julián Carrillo era beneficiario desde el 2014 de medidas de protección –que incluían teléfonos satelitales, botones de pánico y escoltas de policías para acompañarlo en sus traslados– brindadas por el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, tras un análisis de los graves riesgos que se enfrentaba, estas medidas no fueron suficientes para impedir su asesinato.
Julián Carrillo fue asesinado pocas semanas después de que miembros de la comunidad denunciaran ante autoridades estatales y federales la existencia de una concesión minera a tres particulares en su territorio, y solicitaron medidas urgentes para garantizar la seguridad de los habitantes de Coloradas ante la situación de extrema violencia generada por el crimen organizado.
Y para la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum, “El asesinato de Julián Carrillo es la ya conocida crónica de la impunidad. La impunidad que se reitera en la falta de investigaciones, en la ausencia de responsables y en el inalcanzable acceso a la verdad. Impunidad que da muestras de la debilidad del Estado para defender a quienes protegen la tierra y el territorio”.
Julián Carrillo Martínez, defensor indígena de los derechos del pueblo rarámuri en Chihuahua, realizaba una valiosa labor de defensa del bosque ante la tala indiscriminada de árboles en la región.
Era miembro de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), organización ampliamente reconocida por su defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
A tres meses de los hechos, las autoridades estatales no muestran un avance conciso para esclarecer el crimen.
El informe hace énfasis en que durante la administración del ahora ex presidente Enrique Peña Nieto no se garantizó la protección para el defensor de los derechos humanos, de igual forma que tampoco lo hizo el gobierno de Chihuahua.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo, “El asesinato de Julián Carrillo es la evidencia más palpable e inaceptable del fracaso de las autoridades mexicanas de cumplir con su obligación, de garantizar la protección efectiva frente a todo tipo de violencia, amenaza o represalia resultante de su labor en defensa de los derechos humanos”, dijo.
En el mismo documento Amnistía Internacional destaca que los habitantes de Coloradas de la Virgen comenzaron a reclamar los títulos de propiedad de su territorio desde 1934, cuando solicitaron por primera vez el reconocimiento de la titularidad de sus tierras.

Julián Carrillo Martínez, defensor indígena de los derechos del pueblo rarámuri en Chihuahua.

Amnistía Internacional hacen cinco recomendaciones para la Sierra Tarahumara:

– Reconocer públicamente, desde los más altos niveles de las autoridades locales y federales, la labor legítima de defensa de los derechos humanos que realiza la comunidad de Coloradas de la Virgen al defender su territorio y el medio ambiente.
– Reconocer y garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular su derecho al territorio, el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales (incluido el derecho a un medio ambiente sano), el derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones, y el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Las autoridades deben asegurar la participación efectiva de los pueblos Indígenas y comunidades afectadas en relación con la planeación y ejecución de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales. Asimismo, el estado debe fortalecer el sistema de autonomía y autogobierno indígena de Coloradas con la provisión de los medios para financiar dichas funciones autónomas.
– Incorporar para los miembros de Coloradas de la Virgen una perspectiva integral, colectiva, de género y étnica sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Se deben tomar medidas efectivas para combatir las causas estructurales que incrementan los riesgos y ataques contra estas personas, tales como la impunidad, la estigmatización, la discriminación y la falta de acceso a servicios básicos en la comunidad, tales como la falta de carreteras, de profesores en las escuelas y centros de atención médica.
– Tomar medidas urgentes para acabar con la impunidad de los ataques, amenazas y asesinatos para todos los miembros de Coloradas de la Virgen, e iniciar investigaciones prontas, exhaustivas independientes e imparciales que incluyan la posibilidad de que estos hayan sido llevados a cabo por su labor de defensa de los derechos humanos para identificar a todos los autores materiales e intelectuales de dichos ataques y traerlos ante la justicia.
– Promover una estrategia no militarizada de las tareas de seguridad pública y de lucha contra el crimen organizado en la Sierra Tarahumara, salvo en circunstancias de excepcional gravedad en que las autoridades no puedan depender únicamente de los organismos civiles encargados de hacer cumplir la ley.