San Elías Repechique, Bocoyna, Chih.- El territorio de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique, fue afectado por la construcción del Aeropuerto Barrancas del Cobre – Creel en 2014 y, después de una larga batalla jurídica lograron una sentencia favorable que incluye la reparación del daño es el dinero depositado en un fideicomiso, el cual debe gastarse tomando en cuenta las necesidades de la comunidad y las reglas de operación establecidas en común acuerdo entre integrantes de la comunidad y autoridades.

Mediante comunicado la comunidad de Bosques San Elías Repechique señala que, “el pasado 27 de noviembre, el Comité Técnico del Gobierno de Chihuahua cometió un acto de ilegalidad al presionar a cuatro integrantes de la comunidad para obtener firmar y dar uso del recurso del Fideicomiso Bosques San Elías Repechique, violentando las reglas de operación y los derechos de la comunidad”.

El recurso del que quiere disponer el actual gobierno estatal que encabeza María Eugenia Campos es el resultado de la sentencia emitida en 2014 por el juez 8 contra el gobierno del estado con motivo de la falta de consulta previa, libre e informada en la construcción del aeropuerto regional de Creel, cometida por la administración 2010/2016 del entonces gobernador Cesar Duarte. 

Durante la administración de Javier Corral Jurado fue ejecutada la sentencia y en los cinco año de administración 2017/2021 fue liquidado el adeudo por concepto de reparación de daño impuesto por el juez.

El 23 de marzo del 2022, la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique presentó al Comité Técnico 3 proyectos acorde a sus necesidades, pero el Gobierno del Estado de Chihuahua no está tomando en cuenta las reglas de operación del fideicomiso, en donde se contempla que las decisiones sobre el uso del dinero son de la comunidad y no del gobierno. 

Por eso, no hay acuerdo en la comunidad en gastar casi 4 millones de pesos en arreglar 12 kilómetros de un camino que es transitable, sin tomar en cuenta que esto solo beneficia a los taladores de madera, y a personas que no respetan el territorio. 

Tampoco se ha hecho una consulta a toda la comunidad sobre la construcción de un centro comercial propuesto por las mismas autoridades estatales y que costará 27 millones de pesos del fideicomiso, además de que su construcción sería en el ejido de Creel, Chihuahua.
Por ello, antes tales decisiones arbitrarias, la comunidad pide que se les dé prioridad a sus proyectos antes que a los del gobierno, que se respeten las reglas de operación del fideicomiso, y se tomen acuerdos sin imposición. 

Exigen respeto para decidir el destino del Fideicomiso

Desde la Red de Defensa del Territorio Indígena en la Sierra Tarahumara, REDETI, exige que se respete el derecho de la comunidad a decidir el destino del Fideicomiso de Bosques de San Elías Repechique, el cual es resultado de la lucha por la exigencia de su derecho a decidir sobre su territorio. Dicho fideicomiso se estableció como reparación del daño causado por la imposición del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre en su territorio ancestral. Los intereses del estado y de particulares nuevamente se están imponiendo.

La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, COEPI, es la encargada de garantizar el derecho a la consulta indígena y de velar porque se respeten sus decisiones; los intereses de los pueblos indígenas deben ser su prioridad. La reparación del camino con maquinaria y la construcción de un centro comercial en Creel no son necesidades expresadas por la comunidad. 

Por el contrario, los proyectos presentados por integrantes de la comunidad en base a las reglas de operación fueron la construcción de un salón comunitario en la localidad de Repechique, el mejoramiento de vivienda, así como la compra de dos tractores e insumos para la agricultura. 

Estos proyectos llevan esperando un año para su aprobación

A estas acciones se deben anteponer la garantía de los derechos al territorio, salud, educación, medio ambiente, seguridad, economía, así como las necesidades expresadas en el Plan de Desarrollo Nátiga Busuré, resultado del trabajo de 10 comunidades indígenas con apoyo de Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC), el cual se dio a conocer al Gobierno del Estado en julio de 2022. 

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