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México- La conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por presunto lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito por casi 3 mil millones de pesos.

Durante 2016 y 2017 la Secretaría de Gobernación desembolsó millones de pesos para la  adquisición de equipos de seguridad para los reclusorios federales, identificando que a las empresas, de las que figuran como apoderados legales Gómez Mont y los hermanos Álvarez Puga, se les adjudicaron los contratos desviaron el dinero hacia un complejo entramado de empresas fantasma, triangulado 2 mil 950 millones de pesos a “factureras”.

Desde el 2019 se reportó que Inés Gómez Mont y su esposo eran investigados por el delito de lavado de dinero, luego de que se diera a conocer de manera parcial extractos de documentos oficiales de la FGR donde se les involucra en actividadades ilícitas.

Inés Gómez Mont es sobrina del ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el ex director general de Fonatur, Miguel Gómez Mont, funcionarios durante el sexenio de Felipe Calderón.

A través de redes sociales, la conductora se dijo desconocer la orden de aprehensión en su contra, “esta tarde diversos medios de comunicación informaron sobre una orden de aprehensión librada en contra mía, de mi esposo y otras personas. No hemos tenido acceso a esa orden ni a las pruebas que la justifiquen. Únicamente a reportes de prensa con información parcial y dolosamente filtrada”.

Agregando que, “a los que nos han hecho llegar sus muestras de apoyo, se los agradezco de todo corazón. Sepan que nos estamos preparando para enfrentar este proceso y ejerceremos todos nuestros derechos. Los mantendré informados sobre esta triste y penosa situación. Gracias por su cariño y Dios los bendiga”.

El problema legal de la conductora de programas con Ventaneando y Cuéntamelo ya, data de 2016 al tener ingresos superiores a los que reportó en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta. En 2018, buscó llegar a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con ayuda del Órgano Administrativo Desconcertado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la PGR, pagando más de 10 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda para evitar un juicio por evasión fiscal.

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