Carlos Urquidi G.

Chihuahua, Chih.- Chihuahua escribió, otra vez, un capítulo aberrante en el tema de la discriminación, un hecho condenable a todas luces que refleja el odio sistematizado que pone al estado en el tercer lugar en crímenes de odio y por prejuicios a nivel nacional.

Un hecho que involucra a autoridades policíacas y que muestra nuevamente el mal uso que se le da a las redes sociales, aunado al morbo de algunos medios de comunicación en busca de likes.

El pasado lunes, el mundo conmemoraba el “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia” con el fin de visibilizar y denunciar la discriminación hacia todas las personas con preferencias diferentes a las convencionales y, Chihuahua veía callado cómo se exhibía a un hombre por el simple hecho de usar ropa “para mujer” y sí, así entrecomillado porque dónde dice que la forma de vestir es un delito, además estando dentro de una propiedad privada, detalle que es irrelevante pero es necesario aclarar.

También dónde dice que la forma de vestir define las preferencias sexuales y es motivo para el escarnio público.

El lema de la conmemoración de este año fue “Juntos: ¡resistiendo, apoyando, sanando!”, pero de seguir así, la sanación nunca vendrá.

Entre mayo de 2020 y abril de 2021, ha habido un total de 87 crímenes de odio, por identidad de género, en el país, en esas fechas, seis ocurrieron en Chihuahua y dos, aquí mismo, en lo que va del 2021.

Ahora, en Parral, un agente ministerial fue detenido, grabado, humillado y expuesto en redes sociales, solo por el estilo del atuendo de un rato, el hecho ya de por sí es condenable pero aun más por ser cuatro policías quienes lo realizaron, solamente para burlarse y porque podían.

Tras ser liberado, el agente se dirigió al panteón municipal de la comunidad de Valle de Allende y se suicidó. 

Indigna hasta la médula el abuso de poder, el uso de la fuerza desmedida, la ignorancia, la desfachatez, la estupidez mostrada en Parral… lacera el alma la pérdida de un ser humano.

La violencia que experimentan ciertos grupos, colectivos y/o minorías se fundamenta solamente en la idea de que son “diferentes”.

En el informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT en México, de junio de 2020 se tienen registrados 209 casos, 37 de ellos ocurrido en Chihuahua y en este estado, las estadísticas van a la alza, “las crecientes cifras en Veracruz, Chihuahua y Michoacán han resultado motivo de especial atención”.

Así o más claro: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el mandato de no discriminación en el Artículo 1 Constitucional.

Más: todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Y mucho más: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Más allá de las minas de Parral y los cerros de Chihuahua existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos pero que aplica en estas tierras y en su Articulo 8 dice: “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, dice el Artículo 5.

Y el 7… “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. 

Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos derechos humanos y artículos constitucionales se violaren en los actos acontecidos en Parral?..

Y otro dato aterrador: 5 de cada 10 mexicanos afirman ser discriminadas por su apariencia física, situación económica, creencia religiosa u orientación sexual, de acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Discriminación realizada por el Inegi, el CONAPRED, el Conacyt y la UNAM, en México en 2018.

El 16.1 por ciento de la población chihuahuense declaró haber sido discriminada por algún motivo o condición personal y, la forma de vestir o el arreglo personal, principalmente el uso de tatuajes, pelo y trajes regionales, fueron motivos para que el 11.6 por ciento de los mexicanos sufriera algún comentario despectivo. 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, estipula que las personas con discapacidad, personas adultas, niñas, niños, jóvenes, personas indígenas, con VIH, no heterosexuales, con identidad de género distinta a su sexo de nacimiento, personas migrantes, refugiadas, entre otras, son más propensas a vivir algún acto de discriminación, ya que existen creencias falsas en relación a temerle o rechazar las diferencias. 

“No obstante, debemos estar conscientes de que las personas en lo único que somos iguales, es en que somos diferentes”. 

En el caso específico sucedido en Parral, queda manifestado el resultado de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci) 2021 que ubica que la clase social es la principal causa de discriminación en México, en segundo lugar la forma de vestir y en tercero, la orientación sexual.

Tristemente, los jóvenes forman el grupo de la sociedad que tiene mayor número de casos de discriminación laboral y por apariencia.

Recordemos que: “en declaraciones y lineamentos internacionales se han señalado como crímenes de odio aquellos comportamientos y expresiones con formas violentas de relación ante las diferencias sociales y culturales. Los crímenes de odio se sostienen, ante todo, en una densa trama cultural de discriminación, rechazo y desprecio. Es decir, son comportamientos culturalmente fundados y, sistemática y socialmente extendidos, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto dañar sus derechos y libertades fundamentales, ya sea de manera intencional o no”.

Por lo anterior no aplica la auto defensa que hizo uno de los policías involucrados a través de Facebook deslindándose de ser él quién grabó y filtró el video, además de acusar a otro de sus compañeros, ya que, su deber es, cuidar por la integridad de las personas y la omisión también es un delito. 

Jurídicamente, la comisión por omisión u omisión impropia es una conducta que consiste en la abstención de una actuación que constituye un deber legal, es decir que no se realice determinada acción a la que estamos obligados por ley.

La ley establece comete el delito: quien de acuerdo con las circunstancias tenía el deber jurídico de evitar que se produjera el suceso; el que con una actividad precedente, culposa o fortuita, genero el peligro para el bien jurídico y, quien se halle en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia o de la persona que tiene a su cuidado y no procuro su protección.

La omisión, por ley, lleva sanciones.

El agente ministerial que se suicidó fue identificado con las siglas F.N.P.

Parafraseando a un estimado amigo: yo, les pido cambiar el rostro al agente F.N.P. por el rostro de un familiar suyo, el de su hijo, su hermano, padre, tío, sobrino y poner a su familia en la familia de F.N.P. Así sí nos dolería.

Y digámoslo y aceptémoslo, F.N.P. fue víctima y desde su muerte ha sido revictimizado. Ya no se puede defender, defendámoslo todos para que este hecho vergonzoso no vuelva a ocurrir.

Es tiempo de acabar con el fenómeno de la discriminación, el abuso de poder sistematizo y solamente se logrará al modificar nuestros patrones culturales y educativos.

Que otra vida no se pierda por los prejuicios. 

Aquí hay responsables y hay culpables. ¿Habrá sanciones?.. Punto, hasta aquí.

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