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Alejandro Encinas

México- “Al cumplirse el sexto aniversario de los lamentables acontecimientos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, venimos a rendir cuentas de los avances en los trabajos que realiza la Comisión por la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, así como de los alcances de la investigación que realiza la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR)”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, al presentar el Informe de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrad
Durante la presentación del informe estuvieron presentes papás y mamás de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, asesores y colectivos, el representante de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones en nuestro país, representantes de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIEI, Grupo Independiente de Expertos
Encina reiteró que existen indicios suficientes para presumir que las confesiones que dieron lugar a la llamada verdad histórica, fueron obtenidas mediante tortura, para ello, el 3 de diciembre de 2018, el presidente emitió el decreto que crea la Comisión para la Verdad y el acceso a la Justicia en el Caso de Ayotzinapa, con el objetivo de crear las condiciones materiales, jurídicas y humanas por parte del gobierno federal para que los familiares de las víctimas conozcan la verdad, el paradero de los estudiantes y que se haga justicia.
Atendiendo la demanda de los padres y madres de los normalistas, se suscribieron convenios con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, para la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, el cual se encuentra plenamente integrado y coadyuva de manera estrecha en las investigaciones tanto de la Comisión Presidencial como con la fiscalía especializada de la FGR, sin restricción ni limitación alguna, ratificando el compromiso del presidente de estar abiertos al escrutinio y la cooperación internacional para esclarecer este caso, manteniendo las tareas de búsqueda e identificación, en este sentido, se mantiene también la coadyuvancia del Equipo de Antropología Forense en las tareas de búsqueda e identificación humana, así como el apoyo de instituciones de gran prestigio como los laboratorios de la Universidad de Innsbruck en las tareas de identificación genética.
Respetando la autonomía del Ministerio Público, se contribuyó a la creación de una Fiscalía Especializada al interior de la Fiscalía General de la República, con la cual, a partir del 26 de junio de 2019, hemos participado en un espacio de coordinación y cooperación institucional, sin precedente.
Como lo señalamos desde un inicio, la Comisión ha acudido a todas las fuentes relevantes para allegarse de información a través de los archivos de las diversas dependencias públicas, federales y locales, así como a los expedientes penales.
Se han retomado los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes; los del Mecanismo de Seguimiento creado por la CIDH; el informe de la OACNU-México, la recomendación de la CNDH, la investigación de la Procuraduría General de la República, las sentencias y mandamientos emitidos por el Poder Judicial y se han promovido nuevas líneas de investigación, partiendo de la premisa de que, la única verdad es que no hay verdad respecto a la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y de los homicidios y agresiones cometidas el 26 de septiembre de 2014 en la Ciudad de Iguala, y que encontrar esa verdad es la encomienda que vamos a cumplir.
Todas las dependencias del Gobierno Federal han contribuido con elementos fundamentales para la investigación y el esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo:
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha entregado toda la información solicitada de los batallones 27 y 35 establecidos en Iguala respecto de personal castrense, antecedentes militares, bitácoras, informes, comunicaciones, radiogramas, estructura del batallón y bases de operación, fotografías y videos, órdenes de operación, dando respuesta a las solicitudes de información planteadas por el GIEI, la cual ha sido remitida a la FGR, manteniendo una colaboración permanente.
Al mismo tiempo, la Sedena puso a puesto a disposición de la Comisión Presidencial y del Ministerio Público, a todos los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala, para presentar las declaraciones ministeriales necesarias que contribuyan con la investigación, iniciando en su caso los procesos penales correspondientes.
Asimismo, tras la reunión de la Comisión Presidencial con el secretario de la Defensa Nacional y su Estado Mayor, el 24 de julio de 2019, padres y madres, integrantes de la Comisión inspeccionaron las instalaciones del 27 Batallón de infantería.
Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se constituyó el “Comité de Seguimiento al caso Iguala”, el que inició procesos administrativos en contra de 14 elementos: de los cuales cuatro fueron removidos después de un proceso de sanción administrativa, tres se dieron de baja, dos fueron suspendidos temporalmente y cinco más son investigados, esta información fue remitida a la FGR, quien inició los procesos penales en contra de algunos de estos elementos.
La Secretaría de Marina remitió la relación de servidores públicos presentes durante el proceso de búsqueda, recolección de indicios y evidencias en el Río San Juan, así como en el perímetro de seguridad del basurero de Cocula, además del informe de la operación denominada “Guerrero Seguro”, correspondiente al mes de septiembre de 2014.
La Unidad de Inteligencia Financiera ha proporcionado toda la información financiera, patrimonial y fiscal de empresas y personas consideradas como objetivos prioritarios relacionados con el caso a la FGR.
El Centro Nacional de Inteligencia ha brindado información que no fue considerada por la entonces Procuraduría General de la República como son reportes y bitácoras diarias de inteligencia sobre el estado de Guerrero de los años 2014 y 2015, las minutas del Grupo de Coordinación Guerrero 2014, los reportes, mapas e imágenes de localización del basurero de Cocula e información de inteligencia vital para entender lo sucedido durante la desaparición de los normalistas y la construcción de la verdad histórica.
Debo de señalar, que tanto la información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como por el Centro Nacional de Inteligencia, se ha procesado a través de diligencias ministeriales realizadas por la Unidad Especial de la Fiscalía General y se ha entregado directamente a la FGR para cumplir puntualmente con todo el proceso judicial.
No se ha escatimado información alguna de la administración pública federal para determinar el paradero de los normalistas y deslindar responsabilidades para castigar a los responsables. Como lo ha señalado el presidente de la República, no habrá impunidad, no se protegerá a nadie y se castigará a los culpables, sean quienes sean.
Por otro lado, y con la finalidad de sistematizar y analizar los testimonios y la información recaba por la Comisión Presidencial, se constituyó un Comité Científico Asesor integrado por expertos del Centro de Investigación en Ciencias de la Información Geoespacial del CONACYT, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Gobernación.
Este equipo se ha encargado, entre otras tareas, de analizar 80 millones de registros de comunicaciones telefónicas de 2014 a 2018, lo cual arrojó 206 mil registros de interés, una red primaria de 84 mil líneas prioritarias y 116 números telefónicos, ubicados en las zonas de los ataques durante las horas críticas del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Con este análisis hoy se cuenta con información que permitirá a la FGR determinar la operación del grupo delictivo y sus células, la participación de las fuerzas de seguridad y de quiénes perpetraron las agresiones contra los estudiantes, sus comunicaciones y desplazamientos en la ciudad de Iguala y municipios circunvecinos, el papel de la estructura delictiva en la toma de decisiones, horarios de los hechos y un seguimiento por minuto de los actores principales; lo que evidencia científicamente que la verdad histórica carece de respaldo comprobable y demuestra que en ningún momento los 43 estudiantes estuvieron juntos.
Del análisis de cientos de documentos oficiales, decenas de horas de grabación en videos clasificados, reportes, informes que habían sido resguardados en los últimos años por dependencias gubernamentales, se cuenta con los elementos básicos para desarrollar el mosaico explicativo sobre la desaparición de los normalistas.
Por otro lado, se han realizado reuniones con informantes clave, con víctimas, con sobrevivientes, policías y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, periodistas, defensores de derechos humanos, ejidatarios, trabajadores mineros, vendedores ambulantes, personas privadas de la libertad, miembros del crimen organizado, obteniendo información útil que posteriormente es verificada y validada.
En materia de búsqueda de los estudiantes se han realizado acciones de búsqueda en vida consultando a instituciones educativas y de salud, centros penitenciarios, refugios, estaciones migratorias, asilos, bases de datos del Registro Nacional de Población, del Registro Federal de Contribuyentes, registros bancarios, instituciones crediticias y de seguridad; sin que a la fecha se cuente con algún indicio.
Con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las Comisión Locales de Búsqueda de personas desaparecidas, se continuará revisando bases de datos e instalaciones, y se realizan labores de campo a fin de identificar cualquier elemento que permita ubicar el paradero de los jóvenes desaparecidos.
Por otro lado, con base en distintos informantes, testigos, sobrevivientes, denuncias anónimas y otras fuentes, se han desarrollado 30 acciones de búsqueda en campo, lideradas por la Unidad Especial de General de la República, utilizando tecnología de punta se han explorado 217 puntos de interés en seis municipios de Guerrero, sumando 171 jornadas de trabajo.
Estos operativos de búsqueda han participado agentes del ministerio público, peritos forenses, criminalistas, biólogos, antropólogos, arqueólogos y edafólogos de la Fiscalía General de la República, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, Guardia Nacional, Protección Civil, la Secretaría de Salud, Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua y otras autoridades, prácticamente toda la administración pública ha coadyuvado en estas tareas.
En 25 de estas búsquedas se han obtenido resultados negativos y en las cinco restantes se han registrados hallazgos. Por ejemplo: en el Amate, municipio de Cocula, se exhumaron 6 cuerpos; y en la Barranca del Tigre, en Iguala, se localizaron fosas con 21 cuerpos, de los cuales se ha identificado a seis personas distintas de los estudiantes desaparecidos.
Resultado de las acciones de búsqueda con informantes, el 20 de noviembre de 2019 se encontraron más de un centenar de fragmentos óseos en una extensa superficie de la Barranca de la Carnicería en el ejido de Cocula, a 800 metros de distancia del basurero municipal, tres de los cuales resultaron ser susceptibles de identificación genética, mismos que fueron enviados junto con otros fragmentos hallados en la Barranca del Tigre en Iguala, a los laboratorios de la Universidad de lnnsbruck.
El 18 de junio de 2020 la Universidad de Innsbruck notificó a la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República la coincidencia genética de un resto óseo recuperado en el ejido de Cocula con la familia del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
El Equipo Argentino de Antropología Forense ratificó lo informado por Innsbruck, a partir de lo cual, el 5 de julio de 2020, se le notificó en su domicilio en el municipio de Tixtla, Guerrero a la familia Telumbre Rodríguez, de los resultados obtenidos y posteriormente se informó a los integrantes de la Comisión durante la sesión el 7 de julio y finalmente al resto de todos los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, en la reunión que sostuvimos con el presidente de la República el 10 de julio de 2020 antes de hacer pública cualquier información de esta naturaleza.
Esta identificación genética marcó un importante precedente dentro de la nueva investigación al cuestionar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, sobre los que se fundó la llamada verdad histórica, que señaló al basurero de Cocula como destino final de los 43 normalistas.

La verdad histórica se ha colapsado

Como resultados adicionales a la investigación de este caso, se realizó el análisis antropológico, médico, odontológico y genético de 245 cuerpos recuperados de fosas clandestinas entre 2014 y el 2020 en esta región del estado de Guerrero, de los cuales la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General identificó a 22 personas que ya retornaron con sus familiares.
Es importante reconocer que en estas labores de búsqueda y exhumación que se han realizado en este perímetro de Iguala, han participado colectivos de familiares de personas desaparecidas como “Madres Igualtecas” y “Los otros desaparecidos de Iguala”, quienes han aportado información fundamental para la búsqueda de los normalistas en las mismas zonas donde ellas indagan el paradero de sus familiares.
Por otro lado, para fortalecer el proceso de identificación genética, se transfirieron 10 mil registros contenidos en la base de datos en posesión de la División Científica de la Policía Federal a la Fiscalía General de la República.
Respecto a las tareas de impartición de justicia, se avanza en dos líneas: por un lado, la identificación, detención y castigo de los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de los estudiantes, entre los que se encuentran integrantes del cártel de Guerreros Unidos, policías municipales, integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad; así como en la identificación y detención de las autoridades y servidores públicos que por acción, omisión o complicidad incurrieron en delitos vinculados con la desaparición forzada.
Del mes de marzo a la fecha, se han liberado 70 órdenes de aprehensión de las 83 solicitadas, estas por delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura y se ha detenido a 34 personas entre quienes se encuentran integrantes del grupo delictivo, policías federales ministeriales, agentes del ministerio público federal, expolicías federales y policías municipales, con lo que suman 80 personas detenidas al momento.
Atendiendo la instrucción presidencial de que en este gobierno no encubrirá a ningún funcionario público, destacan las órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial y de Alicia Bernal Castilla, ex ministerio público encargada de “legalizar” la verdad histórica.
Esto a pesar de la lamentable actuación de algunos jueces, que con sus determinaciones han liberado a presuntos perpetradores de la desaparición de los estudiantes.
Es el caso del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien ha dictado la libertad absoluta e inmediata de 77 personas detenidas por su participación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes, a quienes se les había imputado la comisión de diversos delitos, argumentando que fueron objeto de tortura, la que sí, efectivamente, se cometió en su contra, pero el juez no observó la jurisprudencia del 21 de julio de 2019, que determina que la declaración obtenida por tortura obliga a reponer el procedimiento, investigando los actos y los elementos relacionados que determinan la materialidad del delito. Es decir, subsisten las responsabilidades por los delitos cometidos, al tiempo que deben de fincarse la responsabilidad y castigar a los torturadores.
En este caso, este juez no fincó responsabilidad alguna a los presuntos torturadores, privilegiando el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a la justicia que deben gozar las víctimas, dejando en la impunidad a quienes alteraron la investigación.
Son los casos, además, del juez Noveno de Distrito, Gabriel Domínguez Barrios, en Iguala, quien por el pago de una multa de 10 mil pesos dejó en libertad a Marco Antonio R., quien había sido recapturado tras su deportación de los Estados Unidos, o del secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito Penal en el Estado de México, Marco Aurelio González, quien recibió un soborno con el que pretendía otorgar la libertad a Ángel C., quien se encontraba prófugo desde 2015, afortunadamente eso no sucedió y hoy se encuentra plenamente a disposición de las autoridades.
Debo decirlo con toda claridad, y asumo aquí mi responsabilidad en señalar que estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la sociedad. Son una burla a la justicia. Alientan el silencio y la impunidad, y dan cuenta de la corrupción que prevalece en distintas áreas del sistema de impartición de justicia en nuestro país y que es necesario transformar.
La investigación se encuentra en la etapa más compleja. Estamos en el momento de la judicialización de las investigaciones y de la ruptura del pacto del silencio, para esclarecer un crimen de Estado a seis años de distancia.
En la medida que avanzamos, enfrentamos las resistencias y acciones del viejo régimen, así como la contraofensiva de los voceros de la verdad histórica, quienes pretenden frenar los resultados, filtrar información, confundir y desacreditar la investigación, lo que, anticipo, no nos amedrenta, ni nos va a detener. Vamos a ir al fondo en estas investigaciones.
Quiero reconocer la lucha firme y digna de las madres y padres de los 43 estudiantes; reconocer el acompañamiento permanente de sus representantes, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, así como de la Fiscalía Especial y del equipo de la Comisión Presidencial.
En especial el trabajo del ingeniero Aarón Mastache, residente suplente de esta Comisión, a quien le deseamos éxito en las nuevas encomiendas que le ha asignado el presidente.
Ayotzinapa representa una afrenta a la sociedad, una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país, que ha dejado una profunda herida que lastima a los familiares de los normalistas y a toda la sociedad.
Como se ha acreditado, la verdad histórica se construyó con base en la simulación, la fabricación de pruebas y la tortura en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas.
Nos corresponde ahora romper los candados de intereses ligados al crimen organizado y al poder público. Romper el pacto de silencio e impunidad y deslindar responsabilidades para que la justicia alcance a todos los involucrados, y reafirmamos: No habrá impunidad.
Pero también queremos ser claros, no generaremos falsas expectativas, ni construiremos una nueva verdad histórica, nuestro objetivo es conocer la verdad por dolorosa que esta sea.
En ese esfuerzo no cejaremos. Esa es la instrucción del Presidente de la República y nuestro compromiso. Aquí, no estamos cansados y nos vamos a cansar hasta encontrar a todos los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.

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