Chihuahua, Chih.- Los hechos violentos que mantienen en vilo a los habitantes de la Sierra de Chihuahua y que se han recrudecido en los últimos días al grado de que los mismo habitantes han pedido ayuda a través de las redes sociales, tras vivir enfrentamientos por más de siete horas en un solo día, el martes y miércoles pasados, reviven el fantasma del desplazamiento forzado, específicamente en la región de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, “las autoridades vienen, se van y nos dejan a la merced”.
Una habitante de Atascaderos publicó un video relatando la situación, “no pedimos privilegios, pedimos seguridad, que volteen a vernos, por que cuando un pueblo grita y nadie responde, el silencio también duele, cuando la autoridad guarda silencio, la confianza se rompe”.
Más de 80 habitantes de Atascaderos llegaron a Parral la noche del martes en busca de ayuda humanitaria básica que va desde alimentos, bebidas y hasta medicamentos, principalmente niños, personas adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad.
La comunidad de Atascaderos con poco más de mil habitantes, ubicada al extremo sur del estado de Chihuahua, vive en la zozobra: el 18 de febrero se localizaron los cadáveres de dos hombres a la altura del kilómetro 106+500 de la carretera Parral-Guadalupe y Calvo, y ese mismo día, en El Ocote se detonaron granadas de fragmentación; el 19 de febrero, sujetos armados asesinaron a un menor de 14 años y el domicilio del comisariado ejidal de Redondeados sufrió un ataque masivo.
Desde 2021 la violencia en Guadalupe y Calvo no ha dejado de crecer, convirtiendo a sus habitantes en víctimas de inmovilidad forzada, confinamiento o desplazamiento.
En 2022 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 96/2022 a la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván por vulnerar los derechos humanos y no otorgar atención a 120 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, cinco de las cuales fueron asesinadas y una más lesionada.
Mientras que las autoridades de Chihuahua solo repiten una declaración ya escuchada muchas veces, “es gente de Sinaloa, específicamente, en disputa con La Línea”.
El fiscal general del estado, César Jáuregui, declaró el pasado 16 de febrero que estaban investigando el ingreso de 50 hombres armados a la comunidad de Atascaderos y que, “los constantes enfrentamientos registrados en la región se debían a la disputa que mantienen el Cártel de Sinaloa y La Línea”.
A la misma y repetitiva declaración se une la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien no aporta ninguna solución, “el combate al crimen organizado en zonas de la Sierra de Chihuahua provoca el desplazamiento forzado de ciudadanos”.
Sobre la nueva ola de personas en calidad de desplazados la Fiscalía de Distrito Zona Sur y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVE), aseguraron que atendieron un grupo de 80 personas víctimas de desplazamiento interno, provenientes de la región de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, que llegaron a la ciudad de Parral
Y que desde el martes por la noche, Personal de la CEAVE estableció acercamiento inmediato con las familias afectadas, a fin de proporcionar ayuda humanitaria y que la Fiscalía de Distrito Zona Sur asignó Agentes del Ministerio Público para brindar atención directa a quienes deseen interponer la denuncia correspondiente o requieran asesoría jurídica, asegurando el acceso a la justicia y el acompañamiento institucional necesario.