Ciudad Juárez, Chih.- En la madrugada de hoy fue liberado el dueño del crematorio ‘Plenitud’ José Luis A.C.tras la resolución de un juez, alegando que, el negocio no era de acceso público, por lo que no podría acreditarse ocultamiento y que la legislación sanitaria no establece un plazo específico para efectuar la cremación, además de que los cuerpos habrían recibido un tratamiento inicial conforme a disposiciones de salud, lo que desató el rechazo categórico de los deudos y la exigencia de renuncia del Fiscal Zona Norte Carlos Manuel Salas, “la comunidad afectada por el Crematorio Plenitud, propiedad de José Luis Arellano Cuarón, manifiesta su profunda indignación ante la reciente obtención de libertad del señalado, resultado de una defensa jurídica sin fundamentos sólidos que ha dejado en estado de indefensión a las víctimas y sus familias”.
Por medio de carta pública el colectivo ‘Justicia para nuestros deudos’, “el hallazgo de cuerpos apilados, arrumbados como desechos, en condiciones indignas y entre ratas, constituye una afrenta a la memoria de nuestros seres queridos y a la dignidad humana. Esta imagen dolorosa no puede ser minimizada ni olvidada”.
Además, “la Fiscalía de Zona Norte, encabezada por Carlos Manuel Salas, ha demostrado incapacidad y falta de preparación jurídica para defender al pueblo mancillado. La ausencia de licencias, protocolos y acciones legales firmes ha derivado en impunidad y revictimización”.
“La comunidad no pide favores, exige justicia. La memoria de nuestros seres queridos no puede ser tratada como desecho. La responsabilidad del Estado es proteger la dignidad humana y garantizar que nunca más se repita una tragedia de esta magnitud”.
Tras el rechazo de los familiares, el fiscal general César Jáuregui Moreno, acompañado por el fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas y el vicefiscal, Francisco Sáenz, aseguró que, “frente a una resolución así, no queda más que combatirla, y la Fiscalía lo que hará inmediatamente, es presentar dos recursos, un recurso de revisión frente a los jueces del Poder Judicial Federal, a fin de que recomponga esta sentencia de amparo y vuelva las cosas al estado en que actualmente se encuentran, y en segundo término, un recurso de queja frente a los Órganos de Control del propio Poder Judicial a efecto de que se revise la actuación del Juez”.
Además de alegar que el Juez Federal que otorgó el amparo, se centró en dos cuestiones, como los son los verbos rectores de los delitos, que son ‘ocultar’ y ‘conservar’, lo que consideró no existe en este caso, pues los cuerpos no estaban escondidos.
Ya que, “¿qué hemos nosotros probado?, que había 386 cadáveres sin un tratamiento adecuado, que tenían en ese lugar no días, ni meses, años y bajo las condiciones más insalubres y probamos que a los familiares se les hizo entrega de urnas funerarias conteniendo restos que no correspondían a sus seres queridos”.
El hallazgo de 386 cuerpos sin incinerar, pese a que las familias habían pagado por ese servicio ocurrió el 26 de junio de 2025, tras un reporte por olores fétidos y la presencia de un cadáver en una carroza fúnebre. Hasta el momento solo se han logrado identificar 170 cuerpos y se han acumulado 114 denuncias por fraude.
Los deudos exigen:
1. Renuncia inmediata del Fiscal de Zona Norte, Carlos Manuel Salas, por su evidente falta de capacidad para garantizar justicia.
2. Intervención directa de la Presidencia de la República, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública para reabrir y fortalecer el caso con bases jurídicas sólidas.
3. Garantías de reparación integral para las familias afectadas, incluyendo verdad, Llamado ético
4. Supervisión nacional de los servicios funerarios y crematorios, con licencias verificadas y protocolos estrictos que impidan la repetición de estos hechos.